Baleares no podrá vetar el alquiler de embarcaciones privadas, según el Ministerio de Transportes
En las últimas semanas, diversos medios especializados han abordado la controversia surgida entre el Gobierno central y el Govern balear en torno a la futura regulación del alquiler de embarcaciones de lista séptima. Tal y como recoge Gaceta Náutica en su última publicación, el Ministerio de Transportes ha reiterado que la competencia sobre el mar territorial es exclusiva del Estado y que, por tanto, la nueva normativa que permite el uso comercial temporal de estas embarcaciones será de aplicación en toda España, incluidas las Islas Baleares.
Esta posición responde al anuncio del ejecutivo autonómico balear de que pretende limitar —o incluso prohibir— el alquiler de embarcaciones privadas, alegando problemas de saturación en el litoral y posibles impactos en la conservación ambiental. Sin embargo, desde el Gobierno central ya se ha advertido que cualquier decreto autonómico que contradiga el marco regulador estatal será recurrido por vulnerar competencias exclusivas del Estado en materia de navegación marítima y ordenación del litoral.
Tal y como se explica en la Gaceta Náutica, el Real Decreto 186/2023 —que permite a las embarcaciones de lista séptima modificar su uso de recreativo a comercial durante un máximo de tres meses al año— contempla requisitos técnicos y de seguridad equiparables a los de las embarcaciones comerciales, garantizando un marco legal homogéneo para todos los propietarios que deseen acogerse a esta modalidad.
Por otro lado, otra de las novedades es que la redacción del decreto autonómico balear sigue pendiente, sin un calendario claro de publicación ni aplicación. Esto refuerza la idea de que, en ausencia de normativa regional efectiva, la legislación estatal prevalece y seguirá siendo la referencia para quienes deseen preparar su embarcación de cara al próximo verano.
En este contexto, y más allá del debate competencial, lo relevante para los propietarios es que la posibilidad de alquilar legalmente sus embarcaciones privadas durante un periodo limitado del año sigue adelante, y que las dudas surgidas en torno a su aplicación en determinadas comunidades están siendo abordadas y aclaradas a nivel institucional.
